En 1966, varios medios de prensa estadounidenses informaron sobre denuncias hechas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA)1 sobre la extracción forzada de sangre a los presos políticos en Cuba. Un informe de agosto de 1966 citaba testigos que habían huido de Cuba incluyendo uno que informó haber trabajado en la prisión de La Cabaña.2
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